Un relato de medio siglo 1951-2005 ¿Qué ocurrió con Nicaragua?

Introducción

Con cerca del ochenta por ciento de los nicaragüenses con ingresos por debajo de dos dólares  al día, y con un PIB per capita  — que en dólares constantes de 1995 –, nos ubica por debajo del de 1960, en este ensayo nos preguntamos: ¿si en el 2005, Nicaragua tiene la densidad ciudadana para ofrecerle sostén a la institucionalidad propia de una sociedad moderna?

Sobre la base de estos números pudiésemos inferir que la mayoría de los nicaragüenses tienen necesidades inmediatas,  las que también deben “resolverse” inmediatamente, lo cual se presta a que la política sea dominada por relaciones clientelares y de apegos personales: es decir, relaciones que caracterizan a las sociedades tradicionales.

En el cuerpo del ensayo trataremos de ofrecer una respuesta mejor sustentada a la pregunta anterior, más allá de una inferencia directa o automática, para lo cual, se hará un relato de la evolución de la economía y sociedad nicaragüenses a lo largo de los últimos  cincuenta  años. Veremos como durante los Somoza el país inició un proceso de modernización en lo económico y social, pero no en lo institucional, provocando irremediablemente una crisis de “brecha política”. Mientras el régimen  revolucionario, por pretender un cambio  radical en el modo de producción, derrochó el capital social que el país había acumulado, ya fuese a pesar de, o producto de, el régimen somocista. Asimismo, los esfuerzos realizados a favor de fortalecer una economía de mercado y una democracia representativa durante los noventa  y el primer  quinquenio del nuevo milenio, aunque  inconsistentes,  han sido notables.  Sin embargo, los nicaragüenses continúan emigrando a países vecinos y los recursos con que cuenta el Estado son insuficientes para enfrentar el inmenso cúmulo de rezagos sociales.   Más aún, la experiencia liberal de los últimos 20 años en América  Latina  no ha sido lo que esperábamos con tanto optimismo. Sus economías no han crecido lo suficiente para satisfacer las expectativas ciudadanas, y una buena parte de sus democracias representativas, o se desmoronan ante figuras mesiánicas, o bien, se empantanan en situaciones de poder dual.

Para terminar de complicar las cosas, es necesario insertar en el análisis la crisis energética del nuevo milenio. Contrario a la de 1973 cuando fue el cartel de la OPEP que produjo la escasez de petróleo, la de hoy es real. Esto significa que con la producción de petróleo alcanzando su punto pico — oil peaking  –, no habrá  una transición  gradual  en el modo de producir energía como ocurrió cuando se pasó de madera  a carbón, o del carbón  al petróleo.  Lo que tendremos  en materia energética serán cambios abruptos y revolucionarios. Nicaragua no tiene espacios de maniobra para enfrentar la magnitud  de estos cambios,  y queda por ver si el país puede ser gobernado mientras simultáneamente transforma su sociedad política. Estabilidad  política  no significa  lo mismo que desarrollo institucional. Y, tal vez, no quede más alternativa, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, de optar por preservar la estabilidad, aún si esto signifique renunciar “temporalmente” a la sociedad política moderna. Este ensayo pone en perspectiva histórica semejante dilema.

La primera Misión del Banco Mundial

En abril de 1951 se presentó el informe de la primera misión del recién fundado Banco Mundial a Nicaragua. Sus autores no solamente destacaron el considerable potencial económico como el país centroamericano con mayor extensión territorial y menos poblado, con una densidad de 7 habitantes por kilómetro cuadrado, en contraste con 58 en El Salvador, 26 en Guatemala, 17 en Costa Rica y 13 en Honduras, lo que significaba “que tomaría generaciones” para que Nicaragua sintiese la “presión poblacional  tan típica  de los países subdesarrollados”. También enfatizaron su prolongada estabilidad política, lo que atribuyeron al régimen del general Anastasio  Somoza García, cuyo ejercicio efectivo en el poder se remontaba a 1936. Según la misión, lo notable de la estabilidad política nicaragüense es que no dependía tanto de la “fuerza” como de la habilidad política de Somoza García de incluir en los cargos de gobierno al principal  partido  de oposición.

Para entonces, la población del país apenas superaba el millón, con un ingreso per cápita anual de 125 dólares  {en 1947 el ingreso  fue estimado en 65 dólares}, con el 1,0% de los más ricos  acaparando  el 25,0% del ingreso nacional, una distribución que se asemejaba a las de Colombia, donde 2,6% de la población recibía el 25,0%  del ingreso nacional, o Guatemala, donde el 60,0%  de la población  de origen indígena se tenía que conformar con un ingreso per cápita de 70 dólares, mientras el resto gozaba de un ingreso anual de 246 dólares.

El 66,0% de la población  económicamente  activa  de la Nicaragua de entonces se ubicaba en la agricultura,  la que generaba el 75,0%  del valor de las exportaciones, que en 1951 apenas  llegaban  a los 26,5 millones de dólares. Añadiendo el valor de las importaciones, el giro comercial de Nicaragua ajustaba los 50 millones de dólares. Durante el año fiscal 1949/50, la recaudación  tributaria  sumó 12 millones  de dólares, de los cuales menos del 8,0% se derivaban de los impuestos directos. La misión recomendaba que la recaudación aumentase a 15 millones de dólares con el fin de invertir en el área social (3), y que los ingresos aumentasen por el lado de los impuestos sobre la renta y otros mecanismos de “impuestos progresivos”, puesto que la ausencia de estos “no garantizaba la canalización de los ahorros de los grupos de ingresos altos hacia inversiones productivas”. Más bien, alegaba la misión, “el ejemplo de Nicaragua le otorgaba credibilidad a la tesis de que la inmunidad de los impuestos sobre la renta y sobre la utilidad de las empresas no crea, automáticamente, condiciones favorables para la formación física de capital”.

En comparación a la Nicaragua de los siglos XVIII y XIX, la Nicaragua de la segunda mitad del siglo XX, según el informe del Banco Mundial, había involucionado en dos aspectos claves para su desarrollo: en el espíritu empresarial de su gente, y en las comunicaciones internas, tal como quedaba evidente  en el hecho  de que Corinto,  el principal puerto del país, y León, la segunda ciudad de importancia, no estuviesen conectados por carretera con Managua, la capital.

Pero ya en 1951, los de la misión se sentían confiados en que Nicaragua cumplía con todas las condiciones para el take off económico, incluyendo estabilidad política, servidores públicos eficientes  y abundancia de tierras aptas para el cultivo, “las excelentes tierras del Pacífico”. Lo que le faltaba al país era el programa  adecuado  y los recursos externos. Con este fin, la misión propuso un programa que se abocase a tres grandes tareas: la construcción de ocho carreteras que comunicasen los nuevos polos de producción con los principales puertos del Pacífico; las importaciones de maquinaria agrícola para compensar por la escasez de mano de obra; y la instalación de múltiples centros de almacenamiento para guardar la producción agrícola. La falta de centros de acopio significaba que en temporadas de lluvia se perdiese hasta  el 40,0% de las cosechas, lo que obligaba  a los campesinos  a vender  a precios deprimidos  {sin ninguna  ventaja  para los consumidores urbanos}, o bien, a sembrar “justo lo necesario” para el consumo de sus familias.

El programa, requería menos de 6 millones  de dólares  en prestamos concesionarios, y lo que les preocupaba a la misión no era la capacidad del gobierno para endeudarse {aunque todavía en esa fecha el país acarreaba compromisos financieros adquiridos en 1909}, sino más bien, cual sería el impacto inflacionario que la entrada súbita de estos recursos tendría en una economía tan pequeña como la nicaragüense.

Un ensayo de modernización económica

El régimen de Somoza García cumplió al pie de la letra con las recomendaciones del Banco Mundial, y sus descendientes dinásticos, sus hijos Luis y Anastasio, hicieron lo mismo con las recomendaciones de las misiones que siguieron a esa primara misión de 1951. La gestión pública de entonces se centró en el desarrollo de la infraestructura del país y en la fundación de un conjunto de instituciones estatales {incluyendo  un banco nacional de fomento}, dedicadas a apoyar las iniciativas empresariales de los privados. La inversión pública en infraestructura durante el primer quinquenio de los cincuenta creció  en un promedio anual del 28,8%, muy por encima  de 2,2% durante  el quinquenio anterior. Durante estos años se amplió  la capacidad  instalada  para generar energía eléctrica así como la capacidad instalada del Puerto de Corinto, y se duplicaron los kilómetros pavimentados, los que pasaron de 150 en 1950 a 300 en 1956, mientras los caminos de penetración aptos para ser transitados todo el año, pasaron de 330 a 737 kilómetros.  En 1960, había 669 kilómetros pavimentados y 1,136 kilómetros de caminos de penetración.

A partir de los cincuenta, Nicaragua se abocó a un patrón de crecimiento hacía afuera, sobre la base de su amplia frontera agrícola, sumando en el proceso a varios “productos motores”, con lo que su estructura agro exportadora se termino  de diversificar  hacía  finales  de los setenta.

Durante el primer quinquenio de los cincuenta, Nicaragua creció a un promedio anual del 9,0%, y si bien es cierto durante el segundo quinquenio de esa década el crecimiento fue de solamente 2,5% (7), entre 1960 y 1970 el crecimiento promedio llegó a 7,3% lo que significó que el PIB per cápita creciese en 3,8%. Este crecimiento fue acompañado por estabilidad en los precios y en la paridad cambiaria entre el córdoba y el dólar de los Estados Unidos. Calculado en córdobas constantes de 1958, el PIB per cápita de los nicaragüenses llegó a 247 dólares en 1960, y a 364 dólares en 1970, o sea, tres veces el estimado por la misión de 1951, y con una población que para entonces se había duplicado de uno a dos millones de habitantes. El gobierno de Nicaragua fue de los pocos en América Latina que durante la post-guerra no fue seducido por la moda conceptual de la CEPAL, es decir, por lo que fue una presencia desmesurada del Estado en las alturas dominantes de la economía y un patrón de crecimiento hacía adentro, basado exclusivamente en las manufacturas y en los mercados nacionales y regionales.

Más aún, la expansión de los productos de agro-exportación no fue a expensas de lo que pudiésemos llamar la “economía campesina”, puesto que el área sembrada para productos como el maíz blanco y el fríjol rojo, no disminuyó durante los cincuenta y más bien aumentó significativamente durante los sesenta, pasando de 364,000 manzanas en 1952,  a 474,000   manzanas en 1971 (8). El número de fincas entre 1952 y 1970 se duplicó de 51,527 a 117,500, de las cuales, solamente 1,700 fincas superaban las 500 manzanas.  En 1970,  entre  los agricultores  de productos de agro exportación se llegaron a sumar 40,000 ganaderos, 25,000 cafetaleros y 7,000 algodoneros, conformando entre ellos una suerte de kulaks nicaragüenses.

Tal como lo advirtió el propio general revolucionario Augusto C. Sandino, desde la época colonial, en Nicaragua, la tierra fue el factor abundante, y por lo tanto no fue motor de movimientos sociales. En este aspecto, para Sandino, no había paralelo entre su movimiento guerrillero de finales de los veinte, principio de los treinta, y la revolución mexicana, cuya esencia él consideraba “agraria”. Estos kulaks mencionados anteriormente, constituirían las bases sociales de la contrarrevolución nicaragüense de los ochenta.

Entre 1971 y 1977,  a pesar del terremoto  de Managua  de 1972 {cuyas perdidas en infraestructura fueron 2,000 millones de USD, el equivalente al PIB}, el crecimiento económico promedio  estuvo  por encima del 6,0%, y en 1978 — un año de crisis  política  — las exportaciones de bienes del país llegaron a 646 millones de dólares.

De los 2, 350,000 nicaragüenses, en 1977, más del 50,0% fueron clasificados como residentes en áreas urbanas, de los cuales, según estimados de CEPAL, el 60,0%  habían  superado la línea  de la pobreza (11). Tal como señala la tesis doctoral de José Luis Velásquez, el promedio de calorías diarias consumidas por los nicaragüenses llegaron a 2,753 en 1977, con mejoras importantes  en el acceso  de la población  a agua potable y en la relación entre habitantes por médicos y enfermeras. Asimismo, el número de estudiantes matriculados en escuelas primarias salto de 215,000 en 1965 a 390,000 en 1977, y los matriculados en los institutos de secundaria pasaron de 25,000 a más de 100,000 durante el mismo periodo. Los estudiantes universitarios en un poco más de diez años se quintuplicaron, llegando a 24,000 en 1977 (12). El PIB per cápita de los nicaragüenses en 1977, medido en córdobas constantes de 1958, se ubico en el equivalente de 421 dólares, y en córdobas corrientes, el equivalente fue de 964 dólares.

En efecto, 27 años de crecimiento económico sostenido no sólo modificaron la estructura económica de Nicaragua, sino también su estructura social.   Lo único que se mantuvo estático durante estos años fue el régimen político, cuyos orígenes se remontaban a 1936, cuando la mayoría de sus 680,000 pobladores  residían  en el campo,  sin preocuparse de lo que ocurría más allá de sus milpas o los cercos de sus fincas. La Nicaragua tradicional se caracterizó  por una población  rural con expectativas de consumo sumamente  modestas  y una estructura social “urbana” reducida a asociaciones artesanales, a aquellos que despachaban en el comercio, unos pocos empleados públicos, y al estrato de los médicos y abogados que militaban en los dos partidos políticos tradicionales. Por décadas,  Nicaragua  no tuvo empresarios  organizados en gremiales, ni clase media, ni obreros organizados en sindicatos,  es decir, no tenía actores sociales que provocasen cambios, hasta que paradójicamente, el régimen de los Somoza, desde arriba, optó por modernizar la economía tal como lo propuso la primera misión del Banco Mundial.

La brecha política

El régimen somocista inició procesos de modernización económica y social, pero al menos los últimos de la dinastía no estaban interesados en una modernización política. Y los actores sociales que estuvieron ausentes en la Nicaragua tradicional, emergieron durante los setenta con exigencias de apertura democrática. Si un marco conceptual capturaba lo que ocurría en la Nicaragua de los setenta, no era el de los marxistas, sino más bien el del politólogo  estadounidense  Samuel  Huntington,  con el fenómeno de la “brecha política”,  tan propio  de sociedades tradicionales en rápido tránsito a la modernidad, cuyos regímenes sin embargo, rehúsan adaptarse.

El movimiento guerrillero inspirado en el “foquismo”  de Fidel Castro y la gesta de Sandino, el Frente Sandinista de Liberación Nacional {FSLN}, se dividió entonces en tres tendencias, una de las cuales, la “tercerista” o “insurreccional”, intuían la crisis de los Somoza como una crisis propia de la brecha política,  e insistían  que había  que reconocer que el país había cambiado, que la clase media, los empresarios y otros grupos urbanos emergentes, podían ser aliados  tácticos,  para no decir nada de la recién inaugurada administración Carter, quien anunció en la Universidad de Notre Dame, que la política  exterior  de los Estados Unidos no podía estar dominada por an inordinate fear of communism. Las otras dos tendencias del FSLN, o se mantuvieron leales a las viejas tesis del foquismo que consistían en organizar  la lucha alrededor  de grupos guerrilleros insertados entre los campesinos {conocida como GPP, Guerra Popular y Prolongada}, o bien, se identificaron  con la organización de un partido urbano y obrero, más cercano a las tesis del leninismo clásico {tendencia que se conoció como la TP, tendencia proletaria}.

A los terceristas, las otras dos tendencias los acusaron de “social- demócratas”, por la anuencia de estos a forjar alianzas con empresarios y figuras más conservadoras, o bien, los acusaban  de “pustchismo”,  es decir, por preferir ataques espectaculares {aunque  de dudosa efectividad}, a puestos militares en centros urbanos o semi-urbanos (15). Si bien es cierto los terceristas militarmente no fueron tan efectivos, si lo fueron en lo político, y sus gestos atrevidos como la toma del Congreso por un escuadrón de guerrilleros comandados por el “Comandante Cero” en agosto de 1978, capturaron  la imaginación  de esos 100,000 estudiantes de secundaria distribuidos entre los 277 institutos regados en las principales ciudades del país. Para los terceristas, el “agente revolucionario” no eran ni los obreros  ni los campesinos, sino que más bien la juventud {60,0% de la población se ubicaba por debajo de los 19 años} como categoría propia, es decir, sin importar su origen de clases. Y el teatro del “accionar revolucionario” no era ni la montaña,  ni la fabrica, sino que más bien las calles y los barrios  populares  de los principales centros urbanos de Nicaragua (16). Las tomas de las ciudades por los “muchachos” facilitaban su cobertura por la prensa internacional, lo que les generaban cajas de resonancia en el exterior. Los terceristas alegaban que las verdaderas lecciones de la Revolución Cubana no se encontraban en la “teoría falsa” de Regis Debray, glorificando el foco guerrillero en la montaña, sino más bien en la lucha urbana,  el “llano” como lo llamaban los cubanos, en los gestos atrevidos como el ataque al cuartel Moncada o al Palacio de Gobierno {los cuales tampoco fueron efectivos en términos militares}, y en una retórica nacionalista/social- demócrata, lo que le facilitó a Fidel Castro forjar alianzas tácticas con la Iglesia Católica, los empresarios y la inmensa clase media cubana.

Los últimos Somoza quedaron aislados de sus antiguos aliados internacionales y de la sociedad nicaragüense, incluyendo los empresarios y la Iglesia Católica. El régimen modernizador, paradójicamente, se quedo obsoleto, tal como sentenció en esos años el disidente político Eduardo Chamorro. Y su ejército,  el cual no fue la fuerza del régimen, sino más bien su aparato político {el Partido Liberal Nacionalista}, combatió con valentía y efectividad. Pero al final, con la salida de los últimos Somoza  del país,  la “guardia  pretoriana”,  sin sentido de la institucionalidad, como en las tribus primitas de otrora, sin la presencia del “jefe”, dejó de combatir y se desbandó. Los Somoza, que gobernaron el país con tanto tino en lo económico y en lo social, al final no supieron irse {o al menos el último de ellos}, provocando una crisis de sucesión tan profunda que la Nicaragua de hoy todavía sufre de sus consecuencias.

La Torre de Babel

En 1978 la economía decreció por primera vez desde 1959 {contando a partir de la primera misión del Banco Mundial en 1951}, aunque el valor de las exportaciones en ese año alcanzó un monto que en dólares corrientes, Nicaragua no recuperaría hasta el 2004.  En 1979, el año del triunfo revolucionario, el desplome del edificio  económico  fue total. El PIB cayó en 25,0%, 10,0% del equipo para manufacturas fue destruido, se perdió 25,0% del hato ganadero, y el sistema financiero se declaró en bancarrota {el gobierno revolucionario contribuyó a la quiebra del sistema cuando se adueño  de los activos  fijos de los bancos, dejándolos solamente con los pasivos}. Según estimados de CEPAL, los daños causados por la guerra entre 1978 y 1979 sumaron 481 MUSD, mientras el informe de AID, además de contabilizar los daños físicos, calculó en 630 MUSD las perdidas como resultado del desplome del PIB. Posteriormente, el Banco Mundial en su informe de 1981, concluyó que entre finales de 1977 y mediados  de 1979,  las fugas de capitales superaron los 600 millones de dólares.

La esperanza de una Revolución “distinta”, motivo a la comunidad internacional  incluyendo  los   Estados  Unidos  –,   a   ofrecerle  recursos frescos a Nicaragua, con lo cual la reconstrucción de la economía hubiese sido una tarea relativamente  fácil.  Pero ya para entonces,  el FSLN se había reconstituido una vez más en un solo movimiento:  las tres tendencias que lo dividieron durante los setenta, se “unificaron” en la Dirección Nacional compuesta por nueve comandantes,  tres por tendencia. Las divisiones, sin embargo, continuaron y el manejo de la economía, como ocurrió con otros  órganos  del Estado,  fue repartido entre las tendencias: el Banco Central y Hacienda para los terceristas; Reforma Agraria para la tendencia proletaria; y el Ministerio de Planificación para la GPP. Con esta repartición no había forma que la dirección económica fuese coherente, y en lo único  que las tres tendencias coincidieron fue en que Nicaragua debía transitar a un nuevo modo de producción, en el cual el eje principal debía ser “la economía estatal”. En la primera Asamblea Nacional de Cuadros que la Dirección Nacional del FSLN sostuvo  con sus militantes  más destacados  a finales de septiembre de 1979, estos concluyeron:

“En realidad nosotros asistimos a la fusión de la crisis del modelo capitalista, con la crisis de la dictadura, de modo que la crisis  de esta última, es también necesariamente, la crisis del régimen económico, el agotamiento de un sistema capitalista dependiente, basado en la sobreexplotación del trabajo, que hizo de la dictadura  militar  una necesidad histórica.

Por ello, el derrocamiento de la dictadura por la acción revolucionaria de las masas y su vanguardia, abrió históricamente las puertas, para plantear e impulsar, no solamente  un nuevo  régimen político, sino también y sobre todo, un nuevo y distinto proyecto socioeconómico de transición, base material sobre la cual tiene que asentarse el nuevo poder Revolucionario,  expresión  de los intereses  de los obreros, campesinos y demás sectores oprimidos de nuestro pueblo.

Esto es importante señalarlo aquí, porque ante la derrota de la Guardia Nacional y el derrocamiento de la dictadura, también se le ha asestado un golpe decisivo al poder de la burguesía”.

Durante los ochenta, producto de la crisis de la deuda externa, la mayoría de los países en América Latina tuvieron que tomar distancia del modelo de CEPAL, y transitaron hacia economías donde los privados asumieron un papel más protagónico. Mientras  esto ocurría,  la Revolución Sandinista hacía todo lo contrario, y sus dirigentes colocaron al Estado en control de las alturas dominantes de la economía. Más aún, con la propiedad de los Somoza  y sus “allegados”,  la Revolución Sandinista constituyó las bases de un polo de “acumulación  social”,  al cual le sumaron otras propiedades, ya fuese por el “Decreto  de los Ausentes”, es decir, propiedades  confiscadas  a aquellos  que se ausentaron del país por más de seis meses, o bien, por el Decreto # 736, con el que se autorizaba a las autoridades revolucionarias a confiscar las propiedades de los condenados a servir tiempo en prisión  por haber violado la Ley de Seguridad Pública y el Mantenimiento del Orden.

Solamente en el primer año de la Revolución se confiscaron 180 empresas y más de 500 mil hectáreas de tierra, y el polo de acumulación social continuó nutriéndose a lo largo de los ochenta de propiedades confiscadas por el Estado, ya fuese para prevenir su “descapitalización”, o para garantizarles “una administración más eficiente”.  En menos de un año el Estado llegó a controlar  directamente  las alturas  dominantes, desde la banca, hasta el comercio exterior, incluyendo las importaciones de alimentos y petróleo. La participación  del sector  público  en el PIB pasó del 15,0% en 1978 a 41,0% en 1980 (19), y, para finales de la década revolucionaria, más del 70,0% del crédito  doméstico  fue absorbido  por este polo de acumulación social, lo que explica en parte porque el 70,0% de la inversión  bruta  fue inversión  pública.  Salvo Cuba, no había otro país en América Latina donde el Estado tuviese semejante peso en su economía, con un 70,0% relativo al PIB.

A la Nicaragua revolucionaria llegaron socialistas de todo tipo y de todas partes: chilenos, peruanos, argentinos, salvadoreños, mexicanos, ingleses, españoles, y estadounidenses. La tecnocracia “somocista”, impecable en sus credenciales profesionales, en su gran mayoría fue sustituida por estos “internacionalistas”, quienes a su vez se encontraban divididos entre aquellos que abogaban por una transición  más rápida hacia el socialismo, y los que recomendaban una transición  más lenta. Estos últimos realmente eran social-demócratas — los que no podían definirse como tales para conservar sus credenciales de “verdaderos revolucionarios” –, que buscaban la realización de los cambios principalmente por la esfera de la distribución  {más impuestos  y programas sociales} y no por la esfera de la producción. A estos internacionalistas había que sumarle los asesores oficiales del Campo Socialista, entre los que se destacaban los cubanos y los búlgaros, por la mayor influencia que estos ejercían sobre los sandinistas. Las decisiones económicas se tomaban por lo tanto entre comandantes de diferentes tendencias, con el asesoramiento  de los funcionarios  del Campo Socialista y de los internacionalistas, los que a su vez se diferenciaban por los “grados” de compromiso que estos  tenían con el socialismo. La suma de estas voces disonantes asemejaba una Torre de Babel.

Los ochenta

Con la insistencia de desplazar a los mecanismos de mercado, el sandinismo descarriló la economía y no satisfizo las demandas de participación política de los nicaragüenses, que fue precisamente lo que provocó la crisis del somocismo. La Revolución Sandinista rápidamente entró en contradicciones con los empresarios, desde los pequeños propietarios del sector informal, pasando por los comerciantes  del Mercado Oriental, hasta los miles de kulaks nicaragüenses y sus familias en las áreas rurales. Estas contradicciones alcanzaron a la clase media profesional y a los trabajadores  calificados,  los que empezaron  desde muy temprano a emigrar.

Sobre la base del trade off entre salarios altos y menos empleos, o salarios bajos y más empleos, el equipo económico sandinista se decidió por la segunda opción. Y con tal de compensar por los bajos salarios monetarios, también decidieron crear una suerte de “salario social”, en el cual incluían los beneficios  teóricos  de la Nicaragua  revolucionaria. Entre estos beneficios  se destacaban  los precios  bajos para alimentos, por lo cual el equipo económico decidió voltear  los términos  de intercambio internos en contra  de los productores campesinos  y a favor de los consumidores urbanos, pidiéndole a los primeros que subsidiaran a los segundos. Si bien es cierto a los productores  rurales  la banca nacional les facilitó líneas de crédito suaves, los precios que el Estado fijaba para la producción campesina estaban tan por debajo de los costos, que estos empezaron a vender sus cosechas de contrabando en Honduras o en Costa Rica, o bien, almacenarlas, en espera de precios más altos. Los aparatos revolucionarios procedieron a penalizar como delito criminal la venta o compra de alimentos fuera  de los mecanismos  formales  del Estado (20), y los oficiales del Instituto de Reforma Agraria empezaron a clasificar a muchos campesinos como “terratenientes dueños de tierras ociosas”, y a inducirlos a que abandonaran sus formas de producción privada a favor de organizaciones de propiedad colectiva. Desde  los tiempos remotos de la colonia, en Nicaragua,  por primera  vez los alimentos escasearon, escasez que se agudizaría cuando  faltaron  las divisas para importar alimentos y por el conflicto  armado.  Si la base social de la revolución fue urbana, la de la contrarrevolución fue rural. Tal como afirmó el Jefe de Contrainteligencia Militar del EPS a finales de los ochenta: “el campo es contra”.

En la segunda  mitad de los ochenta,  ante los avances  militares  de la contrarrevolución, los dirigentes sandinistas trataron de reparar los daños que su política de términos de intercambio internos había causado entre los campesinos, y procedió a distribuir tierra entre ellos. Y para enfrentar la crisis de los precios internacionales para los productos motores de la economía agro-exportadora de principio de los ochenta, el equipo económico de la revolución acudió  a políticas  de subsidios directos para aquellos  que habían  sobrevivido  como productores privados, los que gracias a estos subsidios, continuaron  sembrando algodón en condiciones que los verdaderos precios y costos  hacían inviable. Esta política de repartición de tierras y subsidios fue complementada con grandes conglomerados estatales,  los llamados “polos de desarrollo”, como el de Chiltepe en lechería,  el del valle  de Sébaco en legumbres, y el Victoria de Julio en azúcar, con la expectativa de aprovechar economías de escala. Durante  los ochenta  el país profundizó su “vocación agrícola”, y abrumados por nuestras divisiones entre revolución y contrarrevolución, los nicaragüenses  no fuimos capaces de “reinventarnos” económicamente. Ni siquiera fuimos capaces de experimentar con exportaciones no-tradicionales, como lo hicieron los costarricenses en su transición de una economía con USD 800 millones en exportaciones de bienes, a una de más de USD 5 mil millones en un plazo de 20 años.

Lo que Nicaragua tuvo a lo largo de los ochenta en realidad fue una economía de guerra, con las zonas agrícolas como su teatro principal, y una retaguardia suplida por el petróleo y el trigo soviético, por las manufacturas ligeras de Bulgaria, y por el equipo pesado de Alemania Oriental. En 1987, entre milicias, miembros permanentes del ejército, policía y fuerzas especiales del Ministerio del Interior, la Revolución Sandinista movilizó cerca de 180,000 efectivos. Y el aparato estatal se ensanchó de tal manera, que los empleados  públicos  se sextuplicaron entre 1979 y 1987. Solamente el ejército absorbía directamente 30,0% del presupuesto nacional, para no mencionar a los otros órganos del Estado, así como organizaciones partidarias y “ciudadanas”, las que estaban exclusivamente dedicadas a la “defensa nacional”.

Con la constelación de costos y precios totalmente  desarticulada, en 1988 la inflación  superó  33,000%,  y el endeudamiento  externo  pasó de 521 dólares per cápita cuando  los últimos  Somoza  abandonaron  el país, a 3,522 en 1990. Entre 1980 y 1990, si bien es cierto los países centroamericanos registraron tasas de crecimiento muy modestas,  al menos  crecieron: Guatemala, 0,8%;  El Salvador, 0,2%;  Honduras, 2,7%; y Costa  Rica,  3,0%.   Solamente Nicaragua registró tasas  negativas, con un promedio para esa década de -1,9% anual, mientras el PIB per cápita de los nicaragüenses en USD de 1995 llegó a 1,050 en 1977 — tal como lo indica el gráfico a continuación –, éste cayó a 400 dólares en 1992, muy por debajo del PIB per cápita de 600 USD de 1960, que en 2005 continúa aún muy distante de sus mejores niveles pre-revolucionarios.

Fuentes: Niels Ketelhohn, Competitividad en Nicaragua {INCAE: Managua; Febrero 2005} y Banco Mundial, World Development Indicators
{Washington DC: 2004}.

El desmantelamiento de las alturas dominantes

A finales de los ochenta, los dirigentes revolucionarios tomaron medidas económicas tipo FMI, cuando se decidieron por reducir dramáticamente el gasto público, “compactando” la burocracia estatal. También iniciaron procesos de negociación con los antiguos dueños de empresas con el fin de hacer devoluciones selectivas y reducir la inmensa esfera pública. Y ante una URSS en medio de una crisis terminal y una Nicaragua dividida entre las ciudades  {más favorable  a la revolución}, y el campo {más favorable a la contrarrevolución}, la dirigencia revolucionaria negoció con la nueva administración Bush y su oposición armada. Las negociaciones de paz desembocaron en la reincorporación a la normalidad de los 22,000  combatientes  de la Resistencia Nicaragüense, según cómputos de la misión de la OEA en Nicaragua, y en elecciones nacionales, las que ganó doña Violeta  de Chamorro,  la candidata de la coalición anti-sandinista, contra todo pronóstico y de manera abrumadora.

La inflación que fue reducida gracias al Plan Taylor, de 33,547% en 1988 a 1,689% en 1989, en el año de las elecciones subió a 13,490%, y en el intermedio entre la derrota electoral  de Daniel  Ortega  y la asunción del nuevo gobernante, los revolucionaros “privatizaron” masivamente activos del Estado a favor de ellos individualmente y de organizaciones sandinistas. Los guerrilleros de otrora se transformaron en grandes terratenientes o en rentistas. La “legalidad” de estas privatizaciones, sin embargo, requería que las relaciones  de propiedad  ya trastocadas durante los ochenta, fuesen  trascoladas  aún más, y se produjeron  por cada propiedad varios  títulos,  creándose  una sociedad  de litigantes, cuyas diferencias se “resolvían” ya fuese por la fuerza de las armas o en un sistema legal partidarizado.

Con relaciones de propiedad inseguras y una sociedad dividida por la desconfianza, los costos de transacción inevitablemente se elevaron y las inversiones de los privados  se paralizaron.  Más aún, los confiscados de otrora, con la derrota electoral del FSLN se sentían con la fuerza suficiente para reclamar la devolución de sus propiedades o alguna forma de compensación por sus “penas morales”.  El gobierno de doña Violeta para apaciguar estos reclamos {la mayoría de ellos legítimos}, y suavizar los conflictos entre sandinistas y exiliados/confiscados,  acudió  a la emisión de los bonos de indemnización, los que sumaron  USD 1,200 millones a una deuda interna que continuó creciendo con los bonos emitidos por el Estado  {CENIS}  para unos pocos años más tarde enfrentar la quiebra de la mitad de las recién creadas instituciones del sistema financiero durante la presidencia de Arnoldo Alemán, en la mayoría de los casos por actividades cuestionables y cuestionadas.

Al gobierno de doña Violeta no solo le tocaría  lidiar  con un ambiente político sumamente difícil, donde tuvo que ir más allá de cohabitar con el FSLN y en ocasiones hasta “cogobernar” con ellos, lo que por supuesto irritó a sus antiguos aliados electorales, sino que también tuvo que administrar junto con la alta oficialidad  del Ejército  vía programas de retiros,  las consecuencias  sociales  de la desmovilización del EPS, el cual para entonces había quedado en 80,000 soldados y tenía que rápidamente reducirse a 14,000. Lo mismo tuvo que hacer con los combatientes de la Resistencia Nicaragüense. Al mismo tiempo,  su gobierno inició el desmantelamiento del control estatal de las alturas dominantes de la economía y la transición de una economía de esfera pública hegemónica a una economía donde los privados  tienen  la iniciativa. Esta transición demostró ser mucho más difícil de lo esperado y dejó al país en una suerte de limbo: se desmontó la economía de esfera pública, sin que los privados llenasen el vacío, puesto que sus empresarios más notables se habían fincado económicamente en otros países. Durante el primer quinquenio de los noventa el crecimiento económico fue muy modesto {inclusive se registraron dos años de crecimiento negativo}, y las tasas se empezaron a recuperar a medida que la inversión pública aumentaba.

Para entonces, la producción de algodón, el producto motor de la economía nicaragüense de las décadas  pasadas,  no se podía sostener  sin el subsidio que el gobierno sandinista les otorgaba a los algodoneros. En el ciclo agrícola 1997/98, el área sembrada  fue de apenas  2,500 manzanas, ni siquiera el 10,0% de los que se sembraba a finales de los setenta. Durante los noventa se experimentó sin mucho  éxito con productos no-tradicionales. Y para finales de esa década, el grueso de las exportaciones de Nicaragua continuaban siendo exactamente las mismas del siglo XIX, con el café como el principal generador de divisas. En el 2000,  el café representaba 7,2% del PIB nicaragüense y más del 23,0% del valor de sus exportaciones de bienes. En Costa Rica, con casi el doble de la producción nicaragüense, el café apenas representó  el 1,0% de su PIB y menos del 5,0% del valor de sus exportaciones de bienes. Es por esto que cuando los precios internacionales del café colapsaron — en el 2000 el valor de un quintal de café equivalía al 43,0% de 1960 –, para Nicaragua se produjo una tragedia social, mientras que para Costa Rica sólo fue una molestia.  Nicaragua, inauguraba el nuevo milenio como el país centroamericano más dependiente en exportaciones de bienes primarios.

Fuentes: PNUD, Profundizando la democracia en un mundo fragmentado {Informe sobre el desarrollo humano: 2002}; World Bank, World Development Indicators {Washington DC: 2004}

* Se debe señalar que para el 2002 el porcentaje de las manufacturas en el total de las exportaciones de Nicaragua llego al 19,0%, un aumento notable en comparación al 2000, pero todavía muy por debajo del resto de los países de la región.  Esta variación se debe principalmente al crecimiento de las maquilas. En el caso de Costa Rica, del total de las exportaciones de manufacturas, en el 2002, 37,0% provenían del sector de alta tecnología.

** El deterioro en los TOT entre 1980 y 1999, en el caso de Nicaragua — el más dependiente en bienes primarios — fue también el más notable en toda la región. Entre 1999 y el 2001, producto de la caída en los precios internacionales del café, Nicaragua perdió 172 millones de dólares de los Estados Unidos.

¿Una economía liberal sin empresarios?

A finales de los noventa, Nicaragua tenía  un modelo  de economía de mercado sin empresarios, y la nueva banca comercial  se dedicó  a tranzar principalmente con papeles del Estado, o a financiar importaciones de bienes de consumo, las que aumentaron notablemente por las reducciones en los aranceles tal como lo indicaban los nuevos esquemas de apertura comercial tan de moda en toda América Latina durante esa década. La ayuda externa {junto con las remesas}, se convirtieron en el sostén del país, y hubo años en que los flujos oficiales de asistencia económica neta llegaron a representar el 33,0% del PIB, aunque para el 2000 ya venían disminuyendo a 24,3%.

Paradójicamente, dentro de un esquema  de economía  neo-liberal, el Estado como el acaparador principal de los recursos externos continuó siendo el gran protagonista de la economía nicaragüense, de tal manera que aún hoy, los que pretenden un status económico de clase media, de alguna manera deben estar conectados al presupuesto público, lo que en parte explica porque la política en Nicaragua se ha caracterizado por lo que los politólogos norteamericanos han tipificado como cut throat competition. Otra opción para la reducida  clase media nicaragüense  ha sido la de insertarse en una de las decenas de organizaciones no gubernamentales que emergieron durante estos años {a medida que el aparato estatal se achicaba}, también asociadas a la cooperación internacional.  Sin embargo, para la gran mayoría de los nicaragüenses del nuevo milenio, las oportunidades de empleo o se encuentran en Costa Rica, cortando caña, recogiendo piñas,  sirviendo  de empleadas domesticas o de seguridad en los innumerables centros comerciales del país vecino, o bien, en el sector informal de la economía urbana (22), o en la economía campesina, dedicada a la subsistencia de sus miembros con la siembra de maíz blanco y fríjol rojo. Para otros, la inmediatez de sus necesidades los ha llevado a traficar con la fauna y los bosques del país. Entre los nuevos y pocos sectores que han generado empleos  en la economía formal, se encuentran las maquilas de vestimentas de primera generación, ubicadas en las zonas francas del país, las que han pasado de generar 1,000 empleos directos en 1992 a más de 70,000 en el 2004, lo que explica en parte la extraordinaria importancia para Nicaragua de la ratificación de Cafta (23).

El somocismo “reinventado”

En las   elecciones presidenciales de finales de 1996, como ocurrió en las de 1990, la ciudadanía participó masivamente y votó por Arnoldo Alemán, el candidato del Partido Liberal Constitucionalista, el cual se había desprendido del viejo partido de los Somoza. Para entonces, los innumerables vendedores que abarrotan los semáforos de Managua ofreciendo desde agua helada, hasta loras y tigrillos,  además  de los retratos del Che Guevara, también empezaron a vender los retratos del último Somoza, engalanado con su uniforme de general de división. Y los taxistas del aeropuerto  le recordaban  a los extranjeros  como en tiempo de los Somoza, sus señoras iban al mercado con 10 córdobas, compraban la “pana del día”, y todavía traían vuelto a la casa.

Desde la Alcaldía de Managua a la cual llegó junto con doña Violeta en 1990, Arnoldo Alemán construyó con los viejos operadores del ancien regime una formidable maquinaria electoral, la cual todavía  funciona sobre la base de un simple pero efectivo quid pro quo: empleos públicos para los activistas que movilizan los votos.  Y conscientes  de que la mayoría de los Managua  tienen  necesidades pequeñas  pero inmediatas, su forma de gobierno  pasaba  por la resolución  también  inmediata  de estas necesidades: una lamina de zinc, una silla de rueda, una consulta medica, una beca parcial para que la hija de un correligionario estudiase computación por la noche. Todos estos favores los hacía Alemán o algún miembro de su familia cercana, forjando en el proceso, un vínculo emocional y personal con su creciente clientela política. Alemán también estaba conciente de que entre segmentos importantes de la sociedad nicaragüense existía un malestar profundo, puesto que aquellos que trastornaron sus vidas personales — ya fuese encarcelándolos, confiscándoles sus propiedades, reclutando a sus hijos para que sirviesen en el “Servicio Militar Patriótico”, o enviándolos al exilio — no solamente estuviesen gozando de la normalidad de sus vidas, sino que también se hubiesen enriquecido con la “privatización” de activos públicos, y hasta continuasen “mandando” con el gobierno de doña Violeta. Este malestar Alemán lo explotó electoralmente, alegando que doña Violeta prefería entenderse con los sandinistas, puesto que muchos de ellos pertenecían a las familias de la vieja oligarquía conservadora, la que había  sido desplazada del poder por liberales de clase media como él, y que por lo tanto, sí él llegaba a la presidencia, sería entonces a él a quien le correspondería “hacer justicia”.

El modo de gobierno que Alemán  practicó  en la alcaldía  de Managua lo replicó en la presidencia de Nicaragua. Para ser parte del aparato del Estado el pre-requisito era ser del Partido Liberal, y el presupuesto público estaba para satisfacer a los miles de suplicantes que se apiñaban en su oficina tal como si estuviesen en un bazar persa.

Para entonces, el gobierno  de doña Violeta  había  consolidado  la paz, estabilizado la economía y concluido los programas de ajuste estructural. Lo que le correspondía al gobierno de Arnoldo Alemán era reactivar una economía que continuaba postrada. La desgracia  de Nicaragua sin embargo fue la fortuna de su gobierno. El huracán Mitch a finales de 1998, tal como cuando el terremoto de Managua en 1972, conmovió a la comunidad internacional, y los flujos de recursos externos permitieron al gobierno de Alemán sostener por tres años consecutivos niveles de inversión pública arriba o cerca de los 400 millones de USD.

Cuadro 2
Nicaragua Inversión pública en MUSD

 1998199920002001
  Millones  266,2  436,5  434,2  398,7
  Financiamiento externo % / Inversión pública {a} + {b}    72,0%    66,9%    69,4%    76,6%
Prestamos % {a}  38,2%  37,3%  31,4%  39,3%
Donaciones % {b}  33,8%  29,6%  38,1%  37,3%
  Tasas de crecimiento económico  4,0%  7,4%  4,3%  3,0%
Fuente: Gobierno de Nicaragua: Estrategia Nacional de Desarrollo {Managua: 2002}.

El gobierno de Alemán se abocó a inaugurar carreteras, caminos de penetración, escuelas, clínicas y alumbrados públicos. La mayor parte de esta obra la realizó en las zonas rurales, donde por más de 20 años el progreso no los había visitado.   Los kulaks nicaragüenses, la base social de la contrarrevolución, trasladaron sus lealtades a Arnoldo Alemán, y no les importaría que en el camino al progreso, con los recursos públicos, Alemán hubiese abultado su patrimonio personal y nutrido los cofres del Partido Liberal. En la sociedad tradicional caló profundamente el slogan de su gobierno: “Obras… no palabras”.

Lo que sorprendió a los extranjeros fue la relación tan íntima que el caudillo del liberalismo forjaría con Daniel Ortega, el caudillo del sandinismo, quien a pesar de haber perdido dos elecciones consecutivas, continuaba en control del aparato partidario. Por medio de sus diputados en la Asamblea, se juntaron los votos para modificar la Constitución y las reglas del juego político, forjando un pacto entre ellos {tal como lo hizo Somoza García con el General Emiliano Chamorro, líder del viejo Partido Conservador} para repartirse los cargos del Estado, pasando el 50,0% de las cortes y tribunales de justicia — como “cuota partidaria” — a manos de Daniel Ortega. El FSLN había dejado  de ser un partido  con pretensiones de vanguardia revolucionaria, y más bien se había convertido en una maquinaria electoral  dominada  por la figura  atávica del “hombre a caballo”. Los cuadros del FSLN y los otros grandes comandantes de la revolución, o se subordinaban a Daniel, o se retiraban de la vida partidaria. El sandinismo se volvió “danielismo” y se vació de contenido doctrinario, quedándole al FSLN solamente los símbolos: la bandera roja y negra, el himno, la silueta de Sandino, y una retórica tercermundista que sale a relucir cuando su membresía, de cuando en cuando, se congrega a celebrar sus rituales.

Si Arnoldo Alemán se hubiese podido reelegir inmediatamente lo hubiese hecho, pero el entendimiento con Ortega no alcanzó a modificar la Constitución con el fin de permitir dos periodos presidenciales consecutivos. Alemán tuvo que resignarse a esperar, y le entregó la candidatura del partido a su Vice-Presidente, Enrique Bolaños, opositor frontal del FSLN desde la época revolucionaria,  cuando  se desempeñó como Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada {COSEP}. Para Alemán, Bolaños no representaba ninguna amenaza dentro  del partido {su membresía en el liberalismo era nueva}, y su edad avanzada significaba, en el cálculo  de Alemán,  que Bolaños  no tendría  futuro.  Y los diputados que formarían parte de las listas liberales los escogería Alemán, y una vez instalada la Asamblea, la pretensión de Alemán era desempeñarse como el presidente de la misma.

En el 2001 Daniel Ortega fue derrotado electoralmente por tercera vez consecutiva, pero aún así mantuvo  el control  del partido.  El porcentaje de votos validos que el FSLN obtuvo en 1990 fue del 41,0%, en 1996, este porcentaje bajó a 38,0%, pero en el 2001, su participación electoral fue del 43,0% de los votos validos. Y si bien es cierto  el Sandinismo desde hacía mucho tiempo había dejado de ser mayoría social, todavía en el año de su tercera derrota electoral consecutiva, los sandinistas continuaban representando un tercio del padrón electoral y más del 40,0% de los votos validos.

El FSLN también contaba con una maquinaria  partidaria disciplinada, con 38 votos en la Asamblea, y con innumerables jueces y funcionarios en el Estado. Y contaba con algo mucho más valioso, la propensión a la fractura política del resto del arco político nicaragüense.

Pretendiendo construir instituciones

Las invitaciones a la toma de posesión del Presidente Bolaños las giró el presidente saliente, y el Estadio Nacional se llenó  con sus seguidores. Quien realmente había  ganado, según  Alemán,  era el PLC y no el candidato, por lo cual, era a él a quien le correspondía girar las invitaciones. En su discurso de toma de posesión, el Presidente Bolaños prometió una Nueva Era, y vaticinó que sería el mejor presidente de la historia de Nicaragua. Alemán por su parte se instaló como Presidente de la Asamblea, y desde el primer momento se colocó como el igual  de Bolaños, creando de hecho una suerte de “poder dual”.

A pesar de las potestades de la presidencia del país, Bolaños fue incapaz de separar de Alemán al PLC y a la mayoría de sus diputados. Tan fuerte eran las emociones de lealtad de los liberales con Alemán, que el Presidente Bolaños en un momento de desesperación llegó a describir esta relación como de “enqueridamiento”. Y para neutralizar a Alemán, Bolaños acudió al componedor de siempre, Daniel Ortega. Con los votos sandinistas y los votos que Bolaños  pudo seducir  entre los Liberales  y otras fuerzas menores, se juntó el mínimo de diputados requeridos para destituir a Alemán como Presidente de la Asamblea Nacional, para posteriormente desaforarlo y encarcelarlo por delitos de corrupción. La administración de Bolaños gobernaría por un buen tiempo con los votos sandinistas, lo que al Departamento de Estados de los Estados Unidos le pareció inaceptable, ya que según  sus latinoamericanistas,  Bolaños estaba dotando de “legitimidad  democrática”  a Ortega.  Como resultado de las objeciones de la administración Bush, Bolaños rompió su alianza operativa con Ortega e infructuosamente trató de seducir a los diputados liberales. De acuerdo a las reglas de la política criolla, Ortega estaba en libertad de aliarse con Alemán, y busco un entendimiento con su viejo Némesis, el Cardenal Obando y Bravo, líder de la Iglesia  Católica,  de quien también Bolaños se había distanciado. Obando, además, se sentía obligado con numerosos favores que Alemán había otorgado a la iglesias y a sus colaboradores más cercanos en la jerarquía eclesiástica. Ortega, Alemán y Obando se juntaron para formar una suerte de cartel: el cartel de los caudillos.

Ante tales circunstancias, Bolaños y su equipo no tuvieron más alternativa que identificarse  con el discurso  de la modernidad, concientes que lo que separa a los nicaragüenses no es la vieja dicotomía ideológica de izquierda/derecha, del estado versus el mercado, sino que más bien la dicotomía de siempre,  es decir:  ¿cómo  anclamos  la estabilidad política del país?; ¿sobre la base de instituciones y normas, la aspiración de 200 años, o sobre la base de arreglos personales entre caudillos, la realidad de 200 años, con sus paréntesis de excepción?

La densidad ciudadana y los problemas apremiantes

El Presidente Bolaños se identifica con la aspiración  a la modernidad, pero en un contexto más favorable a la tradición, tal como la entendía Max Weber, es decir, en una sociedad de apegos emocionales y personales, en vez de la racionalidad normativa e institucional25. Esto no quiere decir que Nicaragua no este avanzando en el continuo de la modernidad, sino que más bien los avances son más lentos que en otras sociedades que cuentan con una clase media más robusta y con una densidad ciudadana más espesa. Los marcos institucionales requieren de una ciudadanía que les de sostén, y que no este abrumada  por la inmediatez de sus necesidades. Habría  que preguntarse  si Nicaragua tiene el cuerpo social para dar sostén a las instituciones propias de una sociedad liberal, sobre todo cuando tomamos en cuenta que cerca del ochenta por ciento de sus habitantes viven con menos de dos dólares por día, índices que aparte de Haití {que ni siquiera tiene estadísticas sobre el problema}, solamente se encuentran  en países  fuera  de América Latina.

Cuadro 3
Porcentaje de la población que vive por debajo de dos USD al día

PaísAño de la medición%
Nicaragua200179,9%
El Salvador200058,0%
Honduras199844,4%
Guatemala200037,4%
Costa Rica20009,0%
Fuente: Word Development Indicators {Washington DC: World Bank, 2004}.

Nota: En una lista de 204 países con mediciones sobre el porcentaje de la población que vive por debajo de dos dólares al día, hay solamente 12 países que “aventajan” a Nicaragua tales como Burkina Faso con 81,0%, Rwanda con 84,6%, o Burundi con 89,2%.

En un modelo de sociedad dual –donde  el sector  tradicional  se caracteriza por individuos pasivos, con poca educación y baja productividad, sin acceso a los avances tecnológicos, atrapados en actividades básicas de subsistencia, y el moderno, caracterizado por individuos con educación, con destrezas en el uso de la tecnología y con capacidad para la innovación–, Nicaragua,  en 1977/78,  se asemejaba  a los primeros dos cuadros del gráfico a continuación. Es decir, los nicaragüenses podíamos esperar que a medida que el sector moderno {el cuadro azul} creciese, iría asimilando al sector  tradicional  {el cuadro rojo}. Sin embargo,  en el 2005,  Nicaragua  está más bien como indican los dos cuadros de abajo del gráfico 2, con el sector tradicional considerablemente más grande que el sector moderno, y en vez de que el azul asimile al rojo, el peligro es más bien que el cuadro rojo abrume al azul.

Los rezagos sociales acumulados  durante  los últimos  25 años,  y que se expresan — entre otras formas — en esos 200 mil campesinos que todavía se dedican en Nicaragua a la siembra de granos básicos, hacen muy difícil la gobernanza  democrática.  Esto se torna más evidente cuando percatamos que el sector moderno es apenas un enclave. Lo dicho conduce a que todos los problemas en Nicaragua sean “apremiantes”, y que el país no se pueda dar la opción,  para utilizar  la terminología  de Albert Hirschman, de “escoger”  sus problemas.  Cuando  los problemas son apremiantes estos estallan en la cara de las sociedades, y las “soluciones” son más bien parches, medidas a media para salir del paso. Cuando son escogidos y el problema es anticipado, el tiempo favorece a esas sociedades que se pueden dar esa opción,  y por lo tanto  las soluciones son meditadas y tienen más posibilidades de que sean las óptimas.

Un indicador de lo dicho es la manera en que Nicaragua  ha enfrentado el tema energético, optando por lo “barato” en el corto plazo, lo que significa generar energía eléctrica sobre la base de derivados del petróleo, en vez de acudir tal como lo ha hecho Costa Rica a plantas hidroeléctricas, que son “caras” en el corto plazo, pero baratas  en el tiempo. En ocasiones el problema ni siquiera ha consistido  en los limitantes económicos, sino que más bien en la incapacidad de aquellos privados que reciben concesiones  gubernamentales  que posteriormente no saben aprovechar.

Cuadro 4
Fuentes de electricidad en porcentajes

Hidro
1990 2001
Petróleo
1990 2001
  CR
97,5     81,5
  CR
2,5     1,4
Honduras
98,2 59,5
Honduras
1,7 38,6
ES
73,5 29,8
ES
6,8 45,0
Guatemala
76,0 32,9
Guatemala
9,0 44,1
  Nicaragua
28,8 8,0
  Nicaragua
39,8 82,0
Fuente: Word Development Indicators {Washington DC: World Bank, 2004}.

Pretender gobernar el país cotidianamente y simultáneamente trasformarlo en una sociedad con la institucionalidad deseada, tal vez no sea realizable. Nicaragua vive al borde del precipicio, y los márgenes de maniobra de los que se ocupan de la cosa pública son tan estrechos, que un ligero aumento en el pasaje del transporte colectivo, o en la tarifa eléctrica, son causantes  de conmociones  sociales.  El gasto  proyectado del gobierno de Nicaragua en el 2005 no llega  ni siquiera  a los mil millones de dólares, lo que se compara  desfavorablemente  con otros países vecinos,  como Honduras,  con un gasto proyectado  para este año de 2,112 millones, o Costa Rica, con cinco mil millones, o Panamá,   con 6,192 millones de dólares.

Mirando al futuro

A pesar de mis reservas sobre la viabilidad de la “institucionalidad deseada”, la Nicaragua de hoy cuenta con una democracia electoral, con dos partidos ancla, los que si bien es cierto están sofocados por sus dos caudillos, también cuentan con figuras que se identifican con discursos modernizante y que gozan de respaldo al interior de sus corporaciones. Y el Ejército ya no es ni guardia pretoriana ni ejército partidario, sino que es una fuerza modesta de 14,000 efectivos, con una oficialidad imbuida en el espíritu de las normas e instituciones propias de un Estado  de Derecho. Lo mismo podemos decir de la Policía Nacional, entre las más eficientes de América Latina si nos atenemos a los índices de homicidios y otros índices de criminalidad, entre los más bajos de la región, a pesar de los rezagos sociales, los remanentes de la guerra de los ochenta, y de los intentos del narcotráfico internacional de utilizar Nicaragua como corredor logístico. Asimismo, la macro-economía del país es sólida, con un sistema bancario consolidado y fortalecido por vicisitudes pasadas, y con una tasa de crecimiento del PIB por encima del 5,0% en el 2004, aún con precios del petróleo cerca de 50 dólares el barril.

Después de 25 años de andar perdidos  en el desierto,  es notable que los nicaragüenses todavía tengamos país: terremotos y huracanes; guerras de toda índole; experimentos ideológicos; volatilidad en la dirección de la economía; relaciones de propiedad trastocadas; y figuras atávicas renuentes a ceder en su protagonismo. La democracia liberal por un buen tiempo será una aspiración en Nicaragua, e inclusive, habrá momentos en que el avance a la modernidad se detenga. Lo importante de cara al futuro es que el país conserve su democracia electoral. Pero también se necesita de algo más: que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán contribuyan a la modernización de sus partidos  y que faciliten  la transición a liderazgos compartidos.  ¿Qué hubiese ocurrido si el último de los Somoza se hubiese sabido ir, evitando una crisis mayúscula de sucesión y facilitando la transición democrática? ¿Dónde  estaría Nicaragua hoy? Pero también, mientras se registran las grandes transformaciones, lo que el Presidente Bolaños gusta llamar “soluciones de raíz”, el país debe ser gobernado tal como es, con esa sociedad política que todos queremos cambiar, pero que no puede transformarse en un periodo presidencial, ni siquiera en dos, o inclusive en tres. Nicaragua corre el peligro, que por “forzar” la institucionalidad deseada, perdamos la gobernabilidad posible. Lo dicho es en cierta forma el reflejo de lo que los historiadores peruanos, Carlos Contreras y Marcos Cueto, llaman el “eterno dilema”, entre la concepción de la política como “resultado” de una sociedad, o como “instrumento” de transformación de la misma.

El pecado de este ensayo puede estar en su “economicismo”,  es decir, que primero debe haber cierto desarrollo material y del cuerpo social, para posteriormente forjar la sociedad liberal. En otras ocasiones hemos insistido que Nicaragua  estaba  lista  para su transición democrática a finales de los setenta, con un sector moderno mucho más robusto y con un PIB per capita que en términos reales duplica el actual {lo que no quiere decir que no había que hacerle ajustes importantes al modelo económico de entonces como lo demuestra la tesis doctoral de Francisco Mayorga}. Hoy sin embargo, solamente con no caer en el precipicio ya es un logro para los que gobiernan Nicaragua, para no decir nada de conservar una macro-economía estable, con un crecimiento sostenido del 5,0% anualmente, y con la suficiencia fiscal para aliviar la pobreza e invertir en la formación  de capital  humano  {los analfabetas han regresado a representar el 33,0% de la población}.

A los nicaragüenses  del 2005 nos toca preguntarnos:  ¿basta  con una banca privada y un sector comercial que distribuye todo tipo de importaciones, financiadas en parte por las remesas  de esos nicaragüenses que hemos enviado al exilio económico  en un mayor número durante los noventa,  que los que fueron  enviados  al exilio político durante los ochenta? ¿Cuáles serán los futuros motores de la economía nicaragüense? ¿Podrá Nicaragua enfrentar la crisis energética del nuevo milenio, con el barril de petróleo rondando los USD100? ¿Tenemos un sistema político lo suficientemente fuerte?

Cuidado que el deseo de transformar nuestro sistema político aceleradamente nos deje en una situación política parecida al México de 1995, cuando según se cuenta, el nuevo ministro de Zedillo, Serra-Puche, le reclamó a Pedro Aspe, su antecesor en el cargo  de Hacienda,  por haberle dejado la economía “pegada con alfileres”, a     lo cual Pedro Aspe le contesto: “¿para qué los quitaste entonces?”. Esperemos que nuestra sociedad política, con todas sus deficiencias, no sea el equivalente de los alfileres mexicanos. Después de todo,  las respuestas  a los grandes desafíos del país están en el mediado y largo plazo, mientras tanto: ¿cómo sostenemos a Nicaragua?

Estudio realizado para el Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos del PNUD