EEUU, Centroamérica, y las elecciones en Nicaragua
El laberinto imperial
Pocas veces las condiciones económicas y la postura externa de los Estados Unidos han sido tan enmarañadas como lo son hoy. Tres años consecutivos (2009-2011) con déficits fiscales cercanos a 10 puntos del PIB, proporciones muy superiores a los de Ronald Reagan durante los años ochenta y solamente comparable al déficit de 1945, el último año de la Segunda Guerra Mundial.
La Deuda Federal en manos de los privados ubicada en 33,0% del PIB en 2001 y 37,0% en 2007, llegó a 62,0% en 2010, y si se toma en cuenta la Deuda Federal en su plenitud, este porcentaje se equipara a casi el total del producto estadounidense.
¿Cómo mejorar estas cuentas?, ha sido precisamente el motivo de la discordia al interior de la sociedad política estadounidense, discordia agudizada debido a que la mayor parte del gasto está constituido por programas de cumplimiento obligatorio como son el Seguro Social y programas similares. Recortar estos gastos obligatorios, aún si hubiese consenso en el tema de los ingresos tributarios (lo que por supuesto no es el caso) y suponiendo que los miembros del Congreso tienen la potestad para hacerlo, es una tarea en extremo difícil, debido a la densidad de grupos de presión con capacidad para defender sus intereses particulares al momento que “alguien” pretenda recortar sus partidas presupuestarias.
Esta discordia profundiza la polarización entre Republicanos y Demócratas, lo que entorpece la recuperación de la economía motor del mundo, con consumidores renuentes a regresar a sus hábitos de compra, afectados por el colapso en el valor de sus viviendas, y por tasas de desempleo abierto alrededor del 9,0%, de la fuerza laboral, con el agravante de que el desempleado promedio en Estados Unidos lleva 40 semanas sin encontrar trabajo.
El “hiperactivismo” imperial que caracterizó la gestión de G W Bush a partir del 9/11 — algunos dirían de orden defensivo — es otro factor que complica las cuentas fiscales. En el año fiscal 1986, los gastos en defensa como porcentaje del PIB durante el gobierno de Ronald Reagan llegaron a 6,2%, los que fueron notablemente compactados a 3,0% entre 1998 y 2001, una suerte de “dividendo de la paz”, resultado del colapso Soviético y las reducciones en el gasto militar de la China de Deng Xiaoping. En el 2010, los gastos militares subieron a 4,7% del PIB y para el 2012 su total está programado en 671 mil millones de USD, equivalente a 5 puntos del producto.
Además, los nuevos clientes de Estados Unidos como Irak y Afganistán son caros de mantener, más allá de los costos directos de su presencia de tropas en el terreno. Entre 2002 y 2010, solamente el gobierno de Afganistán en cooperación económica y militar recibió de Estados Unidos 52 mil millones de USD, a los que habría que sumarles los fondos equivalentes para Irak y Paquistán. Y cabe preguntar, ¿cuáles serán los costos por la aventura en Libia?, ¿o por la transición de regímenes autoritarios como el egipcio a modalidades distintas de gobierno?
La frontera centroamericana
El enredo imperial se aprecia nítidamente en su crisis fiscal y en la multitud de escenarios internacionales en los que los Estados Unidos están estratégicamente involucrados. La abundancia de exigencias y la escasez de recursos abruman a su aparato de política exterior, no solamente en cuestiones de cooperación económica y militar, sino que también, en lo que se refiere al tiempo de sus principales tomadores de decisiones.
¿Con cuántos recursos cuentan los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Centroamérica? ¿Cuánto tiempo tiene la Secretaria de Estado Hilary Clinton para tomar decisiones que afectan los intereses vitales de la región?
La Iniciativa Mérida contó originalmente con 1,600 millones de USD otorgados por los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México y Centroamérica por tres años fiscales a partir de mediados del 2008. Durante el primer año, se asignaron 400 millones de USD a México y 65 millones de USD a Centroamérica, Belice, Panamá, Republica Dominicana y Haití. Entre los AF2008 y AF2010, a México se le terminó asignando 1,500 millones de USD y a Centroamérica, junto con Belice y Panamá, 260 millones de USD.
En 2011 y 2012, las asignaciones de Estados Unidos para los 7 países de la Iniciativa Regional Centroamericana, fue de 100 millones de USD por año, además de los 200 millones de USD con los que se comprometió la Secretario de Estado Hilary Clinton al esfuerzo multilateral de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica en Guatemala el 22 de junio del 2011.
Entre cooperación bilateral e iniciativas multilaterales los Estados Unidos se han comprometido a lo largo de seis años fiscales con 660 millones de USD para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Belice, Centroamérica y Panamá. Estos montos son menores, cuando se comparan a los del Plan Colombia o a los propios fondos desembolsados por los Estados Unidos a favor de algunos ejércitos centroamericanos durante los años ochenta en una de las últimas grandes batallas de la Guerra Fría.
Como se mencionó anteriormente, entre el 2002 y 2010, la cooperación bilateral total de Estados Unidos a favor de Afganistán fue de 52 mil millones de dólares de los cuales 3 mil se asignaron a la lucha en contra del “narcotráfico internacional”, el equivalente de los 660 millones que han sido o serán asignados a Belice, Centroamérica y Panamá, una disparidad evidente aún cuando se toma en cuenta que en el caso de Afganistán son 9 años fiscales y en el caso de la región centroamericana son 6 años fiscales.
Lo dicho es un ejemplo de la tensión entre exigencias y recursos que abruman al aparato de la política exterior estadounidense. Centroamérica debería ser prioridad para Estados Unidos, no solamente por ser su tercera frontera como parte de la Cuenca del Caribe, sino que también porque se ha convertido en uno de los principales corredores vía México para trasladar la droga a sus fronteras. Según el Congressional Research Service, Central America Regional Security Initiatives: Background and Policy Issues for Congress, publicado el 30 de marzo del 2011, se estima que el 95,0% de la cocaína consumida en Estados Unidos entra por México, y que de este porcentaje, 60,0% primero transita por Centroamérica.
La presencia del narcotráfico en Guatemala es tan abrumadora que en los círculos de influencia norteamericanos se especula sobre Guatemala como un “Estado fallido”, con un aparato coercitivo muy disminuido, incapaz de ejercer el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras.
La sociedad guatemalteca, tan renuente a contribuir a la suficiencia fiscal del Estado para que este cumpla con sus funciones esenciales, pareciera inclinada a elegir para la presidencia de su país al general en retiro Otto Pérez Molina del Partido Patriota, quien se ha comprometido con “elevar la carga tributaria hasta al menos 14,0% del PIB”.
Hilary Clinton en su brevísima visita a Guatemala instó a las élites regionales asumir sus responsabilidades tributarias en la lucha en contra del narcotráfico, y el general Pérez Molina, quien aspira a ser una suerte de Uribe guatemalteco, necesariamente debe fortalecer el aparato coercitivo, para lo cual necesita más impuestos con la esperanza de un compromiso mayor de Estados Unidos y la comunidad internacional.
¿Nicaragua?
La paradoja nicaragüense es la discrepancia entre sus números socio-económicos y sus índices todavía satisfactorios de seguridad ciudadana y efectividad en el combate del narcotráfico. En Guatemala los homicidios por 100 mil habitantes en 2009 y 2010 fluctuaron entre 53 y 50, en Belice para los mismos años entre 32 y 39, en El Salvador entre 71 y 66, mientras en Honduras los homicidios por 100 mil habitantes fueron 67 en el 2009 y 77 en el 2010.
En Nicaragua, los homicidios por 100 mil habitantes se estabilizaron en 13 por año durante los últimos cinco años, números muy parecidos a los de Costa Rica, con los indicadores socio económicos mas sólidos de la región, los que han pasado de 8 a 12 homicidios por 100 mil habitantes entre 2005 y 2009. Los números de Nicaragua no solamente se comparan favorablemente con los otros tres del CA 4 y Belice, sino que también con los de Panamá, con 21 homicidios por 100 mil habitantes en el 2010, o a los de México, con 18 homicidios por 100 mil habitantes, también en el 2010.
Según el informe del Congressional Research Service mencionado anteriormente, en el 2010 se interceptaron solamente 1,4 TM de cocaína en Guatemala, 2,6 TM en Belice, 9,0 TM en Honduras, 9,4 TM en México, 14,8 TM en Costa Rica y 17,5 TM en Nicaragua. Al menos en el 2010, el país que cuenta con menos recursos estuvo entre los más efectivos en el combate al narcotráfico.
Y en una región con estados al borde de ser “fallidos”, con sociedades políticas aparentemente agotadas y carentes de votantes estables, con economías que se han estancado debido a tasas de inversión privada modestas y tasas de inversión publicas de lenta ejecución, Nicaragua, si bien es cierto continúa anclando su estabilidad política en la personalización de la cosa pública y a pesar de un aparato coercitivo con recursos insuficientes, luce más segura que la mayoría de sus vecinos.
La última encuesta nacional de M & R Consultores realizada por encargo de La Prensa entre el 30 de junio y el 14 de julio y publicada por este diario el 25 de julio del 2011, favorece a Daniel Ortega con una intención de votos del 56,5%, (por arriba del 47,8% que recibió en marzo de este año), y muy por encima de 14,1% de Fabio Gadea, 5,8% de Arnoldo Alemán, 1,2% del resto de los candidatos, los que juntos no alcanzan al 22,4% clasificado como voto oculto.
En la encuesta nacional de Borge y Asociados publicada en mayo del 2005, Ortega tuvo opiniones desfavorables de -62,2%, con favorables de apenas 29,8%, para un neto negativo de -32,4%, con respuestas de no sabe, no responde, no lo conoce, de un 8,0%. En la encuesta nacional de B & A de octubre del 2010, las opiniones favorables de Ortega casi se duplicaron en comparación a las del 2005 con 58,1%, mientras las opiniones desfavorables se redujeron prácticamente a la mitad, es decir a -31,7%, para un neto positivo de 26,4%, con respuestas de no sabe, no responde, no lo conoce, del 10,1%.
Inclusive, en el segmento del mercado electoral donde a Ortega no le ha ido bien desde las elecciones de 1990, los independientes/indecisos, en la encuesta de B & A realizada con CINCO entre el 28 de mayo y 9 de junio de este año, tomando solamente en cuenta el 34,0% de los que no tienen simpatía por ningún partido político, Ortega tuvo índices de agrado del 44,3%, por encima del 36,6% de Fabio Gadea y 16,4% de Arnoldo Alemán. (Para mi criterio sobre el porque de estos números, véase mi artículo «Escenarios posibles en un país impredecible», publicado en Estrategia y Negocios el 11 de julio del 2011).
La diplomacia estadounidense ha expresado su disposición de aceptar los resultados de elecciones productos de un proceso con cierta credibilidad, independientemente de la reelección del Presidente Ortega como una cuestión, en el mejor de los casos, “de legalidad dudosa”.
Si a esto se le agrega el bochorno electoral durante las municipales en el 2008 y la poca confianza, según las encuestas, que inspira entre los nicaragüenses el Consejo Electoral: ¿Qué significa entonces, un proceso de cierta credibilidad?
Además de que las autoridades nicaragüenses cumplan con las formalidades básicas de la liturgia electoral, la diplomacia estadounidense ha insistido en la presencia oportuna e irrestricta de observadores/acompañantes nacionales e internacionales de credibilidad reconocida como el Centro Carter, OEA, UE, entre otros.
Suponiendo que las autoridades nicaragüenses cumplen con las formalidades básicas y los electores se comportan como indican las encuestas, pero no hay densidad de observadores creíbles en los comicios del 6 de noviembre que den fe de los resultados: ¿Cuál será la postura de la Secretaria de Estado?; ¿Otorgará las dispensas del presupuesto y la propiedad en el 2012 tan necesarias para la fluidez de las relaciones entre las instituciones financieras internacionales y el gobierno de Nicaragua?
En este escenario, la respuesta es probablemente sí, considerando los enredos estadounidenses y la precariedad en cuestiones de seguridad y narcotráfico de la región centroamericana. La estabilidad para el aparato de política exterior de Estados Unidos tiene un Premium, y si los nicaragüenses, con una oposición balcanizada, prefieren en su mayoría gobiernos efectivos que resuelven la inmediatez de sus múltiples necesidades: ¿Cuál es el sentido para el aparato estadounidense de insistir en una institucionalidad distante de la realidad de Nicaragua?
Sin embargo, hay otro escenario, el menos probable, pero que no se puede descartar, aún si las autoridades cumplen con lo básico de la liturgia electoral y los votantes se comportan como indican las encuestas, pero con una presencia mediocre de observadores/acompañantes internacionales y nacionales.
Este escenario involucra a actores de la sociedad civil estadounidense, centros académicos de investigación, organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema de derechos humanos, “activistas” de la democracia y las libertades de prensa, quienes por lo general se caracterizan por su liberalismo (tal como se entiende en Estados Unidos), pero contrario a lo que fue el caso de los años ochenta, hoy han tomado distancia del FSLN y del gobierno de Nicaragua.
Este agregado de actores representa un fuerte lobby al interior del Partido Demócrata, y fueron ellos, entusiasmados por la “Primavera Árabe”, quienes empujaron a la Secretaria de Estado a intervenir en Libia, en contra del criterio del entonces Secretario de Defensa, Robert Gates. Este agregado de grupos de presión puede terminar en una alianza inusual con los miembros del Congreso de origen cubano, de posiciones conservadores aún cuando son Demócratas, algunos de los cuales tienen cargos de liderazgo en las comisiones de relaciones internacionales tanto en la Cámara como en el Senado. Esta posible alianza entre actores diversos en puntos de vistas y en círculos de influencia, puede terminar presionando a la Secretario de Estado para tomar medidas en la primera mitad del 2012 relacionadas a las dispensas que hicimos referencia anteriormente. Es en este sentido que la observación/acompañamiento nacional e internacional debía haber sido parte de un cálculo del gobierno, una suerte de póliza de seguro en caso de que ocurra el escenario menos probable.